Terrorismo en la macrozona sur

Terrorismo en la macrozona sur

Terrorismo en la macrozona sur

A estas alturas pocos se atreven a cuestionar que en la macrozona sur existe terrorismo. No se trata de delitos comunes o “violencia rural”, sino que actos terroristas ejecutados por grupos organizados y fuertemente armados. Ante esta situación, distintos actores de la sociedad civil decidimos utilizar las herramientas que la legislación proporciona para frenar esta espiral de violencia y destrucción. Uno de los instrumentos utilizados fue la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables de los delitos de incendio y amenaza de incendio, ambos contenidos en la ley 18.314 denominada “Ley Antiterrorista”. 

La propia ley señalada describe los delitos terroristas como hechos cometidos con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

La conducta antes descrita calza perfectamente con el accionar de la denominada “Coordinadora Arauco-Malleco” o CAM, la cual públicamente ha reivindicado una serie de atentados terroristas, declarándose “enemigo” de las empresas forestales y legitimando la violencia política como herramienta de acción. Si bien la querella se presenta contra todos quienes resulten responsables, también se individualiza a este grupo en la medida que ellos han declarado públicamente una “guerra” contra las empresas forestales, algo que resulta absolutamente inaceptable en una democracia como la chilena.

La persecución del terrorismo es un deber por parte del Estado y sus órganos, por lo cual esperamos que el Ministerio Público utilice todas las herramientas que le concede el ordenamiento jurídico para perseguir y castigar a los responsables de sembrar el terror en nuestro país. La ley 18.314 contempla una serie de herramientas legales que permiten mejorar la persecución de este tipo de delitos en consideración a la gravedad del bien jurídico afectado. Ante la gravedad de la situación, toda acción que tienda a la desarticulación de los grupos terroristas será un avance en la recuperación del orden y la paz en la macrozona sur.

Rodrigo Ruiz Godoy, Abogado, Magister en Derecho Laboral, Gestión Educacional y Responsabilidad Social Empresarial.  Especialista en Derecho Laboral y Previsional. Docente Universitario

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