La Convención y el sector forestal

La Convención y el sector forestal

La Convención y el sector forestal

Rodrigo Ruiz Godoy, Abogado, Magister en Derecho Laboral, Gestión Educacional y Responsabilidad Social Empresarial.  Especialista en Derecho Laboral y Previsional. Docente Universitario

La Convención Constitucional ha comenzado la discusión del articulado de la nueva Constitución. La redacción y eventual aprobación de una nueva ley fundamental será el hecho político más importante del año 2022, especialmente el denominado “plebiscito de salida” para aprobar o rechazar el texto propuesto. 
La evaluación de los primeros seis meses de funcionamiento de la Convención resulta compleja. El acuerdo político que dio origen al proceso constituyente fue muy escueto en lo relativo a las reglas de funcionamiento del órgano redactor. Esto hizo necesario dedicar varios meses a la redacción de los reglamentos de la propia Convención. Se trató de una tarea imprescindible, pero que disipó el impulso participativo que significó el plebiscito de entrada del 25 de octubre del 2020. Por otra parte, el comportamiento de varios constituyentes electos tampoco aportó a mantener la valoración positiva que la población tenia del órgano, especialmente cuando se abocaron a discutir temas que excedían el mandato popular para el que fueron elegidos. Particularmente grave resultó el caso del constitucional Rojas Vade, situación que aún no se resuelve desde el punto de vista legal.
Desde una vereda positiva, la Convención ha sido capaz de ir encauzando la discusión hacia las materias de fondo. La organización interna en comisiones temáticas ha permitido realizar una serie de audiencias con grupos de la sociedad civil y expertos. Al mismo tiempo, la ciudadanía ha podido presentar propuestas populares de articulado que si logran 15.000 firmas deberán ser discutidas en el pleno de la Convención. En definitiva, el funcionamiento de la Convención hasta el momento ha sido un proceso de luces y sombras, pero que se encarrila hacia una propuesta definitiva de Constitución. En este contexto, nos gustaría esbozar algunas ideas sobre ámbitos de discusión que podrían tener relevancia para la actividad forestal en nuestro país.
En primer lugar, resulta fundamental para la industria forestal que la nueva Constitución consagre en forma nítida el derecho a la propiedad como un derecho humano fundamental. Aunque esto ya se encuentra establecido en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile, es esencial que el texto fundamental sea muy claro en los contornos legales de la propiedad privada y en la excepcionalidad de la expropiación como medida de ultima ratio ante causales muy específicas.
Vinculado a lo anterior, sabemos que la nueva Constitución tendrá un énfasis marcado en la protección del Medio Ambiente y de los ecosistemas. Sabemos que el combate al cambio climático es uno de los desafíos esenciales de la humanidad durante el siglo XXI, lo cual necesariamente debe traducirse en ordenamientos jurídicos que reconozcan esta problemática. Sin embargo, la protección ambiental debe ir en armonía con el desarrollo económico, especialmente en un país exportador como Chile. Esto debe traducirse en reglas claras para la inversión y procedimientos ambientales donde se privilegie el aspecto técnico por sobre el político.
Finalmente, es clave para la industria forestal el restablecimiento del Estado de Derecho y la paz en la denominada Macrozona sur del país. El reconocimiento de la plurinacionalidad y de ciertos grados de autonomía para los pueblos originarios debe acompañarse tanto de una condena explícita al terrorismo como una actividad esencialmente contraria a los Derechos Humanos como de un reconocimiento del deber del Estado de proteger a la población de los grupos terroristas y reparar a las víctimas de este tipo de delitos.

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