Entrevistas

Richard Caifal, director ejecutivo del Centro de Políticas Indígenas Rakizuam

Nacido en la reducción Ricardo Rayin, en Freire, región de La Araucanía, este Abogado entendió recién titulado que los problemas de las comunidades mapuches tenían un trasfondo político. Hoy este excandidato a Convencional Constituyente hace un drástico análisis de anteriores instancias de diálogo y sus resultados. 

El nombre de Richard Caifal Piutrín-dirigente mapuche, ex gobernador de la Provincia de Cautín y director en Enama- recientemente fue propuesto para integrar la Secretaría Técnica de

Participación y Consulta Indígena. Sin embargo, su nombre generó rechazo por parte de los Constituyentes de escaños reservados en la Convención, demostrando la división de posturas dentro del mundo político mapuche.

Hace algunos años atrás Caifal conformó la Alianza Territorial Mapuche, de base más dialogante que la CAM, que surge para trabajar en demandas políticas y en políticas públicas. Era el año 2000 y una serie de proyectos se planificaban en terrenos indígenas y el desconocimiento de la legislación implicó no ser compensados debidamente. “Existía una legislación precaria que no protegía al mundo mapuche, salvo la ley indígena, pero sin abordar temáticas socioambientales, hasta la entrada en vigor del Convenio 169.” Vivió situaciones de amedrentamiento, por lo que se aleja de la temática indígena, por un tiempo, pero la vida dijo otra cosa. 

Se encuentra con la Corporación Enama, donde se vincula con aspectos legislativos, participando de mesas de diálogo y diversas instancias de incidencia como el decreto de consulta indígena, la mesa de diálogo del Obispo Vargas, realizando propuestas al gobierno, participó en la redacción de la Ley de Escaños Reservados y fue asesor jurídico del proceso constituyente en el año 2017. “Con la corporación Enama, el trabajo ha sido más fructífero”, explica este militante de Evopoli y ex Gobernador de la Provincia de Cautín donde fue testigo de la situación de las víctimas de la violencia rural en la zona, “hay gente que confunde y ensucia todo lo que puede ser una legítima reivindicación.”

¿Como caracteriza el conflicto?

La violencia, de un modo u otro, ha estado presente desde que el Estado irrumpe en la región. Nuestra educación no enseña lo que ocurrió en la región de La Araucanía, por eso es una deuda política, no solamente de reivindicación, hay una negación de lo que ocurrió. No nos enseñaron que hubo una guerra civil en La Araucanía hasta el año 1883, aunque fue hace más de 100 años, la memoria colectiva se mantiene. Mi abuelo fue despojado de su tierra, la que fue entregada a colonos, quedando mi familia agrupada con otras en una reducción. No me lo leí en un libro, me lo contó mi papá. Esto significó un proceso de hambruna, porque pasamos de una lógica individual a una lógica comunitaria, pero por la fuerza, no por una visión propia o cosmovisión mapuche. Fueron muchos los episodios de violencia y aquello se ha mantenido en el último siglo. La violencia ha estado instalada desde hace mucho tiempo. Ahora tiene repercusión porque tenemos medios de comunicación que la hacen visible.

En este contexto se dibujan distintos escenarios, dentro de los cuales hay una postura muy radical reflejada por las organizaciones Weichan Aucamapu, la Territorial Lafkenche y la propia Coordinadora Arauco Malleco, que pasaron de un discurso autonomista a uno independentista. 

La segunda postura son los convencionales constituyentes que tienen una posición autonomista a través de una vía institucional y democrática, con posturas bastante más a la izquierda y rupturistas, pero hay respeto por las normas democráticas de un Estado de Derecho.

Y estamos nosotros, a través de Enama y la corporación Rakizuam que creemos en las libertades y no en la omnipresencia del Estado. Somos otro sector del mundo indígena que creemos en la institucionalidad, en las libertades, en el Estado de Derecho, que creemos empujar las reivindicaciones alejándose del uso de la violencia y de las armas porque lo único que eso ha generado es destrucción. Hay personas fallecidas entonces no podemos avalar que maten a alguien por no compartir lo que un grupo quiere imponer. Marcamos nuestro actuar dentro de la lógica institucional, pero diferenciándonos de los convencionales que son de tendencia más bien de izquierda que creen en la omnipresencia del Estado. No creemos en esto porque conocemos la realidad, donde hay gobiernos con marcada presencia estatal, toda acción o gestión se vuelve lenta,  burocrática e ineficiente.
Chile vive un momento particular donde se redacta una nueva constitución y asumirá un nuevo presidente con importantes propuestas de cambio. En este contexto se habla mucho de diálogo, pero ¿es posible establecerlo realmente?

Primero, diálogo ha habido, pero los pactos no cumplidos también constituyen una forma de violencia como dijo el Papa Francisco y el ejemplo típico es el acuerdo de Imperial, celebrado el año 1989, donde el candidato presidencial de la época, Patricio Aylwin, se compromete a reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Posteriormente el presidente Eduardo Frei también genera una instancia llamada “diálogos comunales” donde participaron 658 comunidades y más de 3.500 personas, por lo tanto, diálogo había, pero sin reconocimiento ni ejercicio de derechos.

El informe entregado por la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato al entonces presidente de la República Ricardo Lagos el 28 de octubre de 2003, contenía muchas acciones a desarrollar y la más importante, el reconocimiento, pero no se cumplió. Bachelet también llama a un debate nacional de los pueblos indígenas, se generó la propuesta con más de cinco mil mapuches de todos los territorios, el reconocimiento también estaba dentro de las iniciativas. Posteriormente llega Piñera, se genera la instancia de diálogo, luego con Bachelet II se conforma la mesa del Obispo Vargas, llegamos al 2021 y no se cumplió lo del reconocimiento. Entonces diálogo ha existido, pero se frustra la confianza y el deseo de avanzar con tanta promesa no cumplida y es ahí donde los grupos extremos aparecen en 1997 en adelante y se va agudizando el conflicto. 

¿Cuál es el reconocimiento que se busca? 

Hay que considerar que ese reconocimiento ha ido evolucionando porque pasamos de la década de los ’90 donde se pretendía un reconocimiento multicultural, que se reconociera que los mapuches existimos y que no somos parte del museo, sino que, del presente, el idioma existe, el territorio existe, la cosmovisión también, las tradiciones, entonces era lo básico que se pedía. Además de reparar las injusticias que se cometieron en el territorio. No existió la voluntad política para eso y claro que hay frustración y enojo.
La legislación internacional, mientras tanto, avanzaba y el 2007 aparece la Carta de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas que establece el derecho a la autodeterminación, al autogobierno, a la autonomía y al reconocimiento y Chile adhiere a esas declaraciones. 
Pasamos entonces del deseo de un reconocimiento cultural a un reconocimiento de un Estado plurinacional y es una lógica que diversas constituciones latinoamericanas han ido estableciendo. Ejemplos hay de sobra partiendo por Bolivia, Ecuador y Colombia, donde se establecieron territorios autonómicos, con más o menos éxito, pero se establecieron. Hay autonomías en Panamá, en Nueva Zelanda, en España, la experiencia internacional te dice que es posible, pero requiere voluntad política.

¿Puede una nueva constitución terminar con el conflicto?

Hoy en la Convención Constitucional más del 70% de los integrantes son de izquierda, la derecha no tiene ninguna relevancia. Por otro lado, es electo como presidente Gabriel Boric que quiere desarrollar un programa transformador, pero en el parlamento no hay votos, porque está 50-50. Pero eventualmente Boric no necesita el parlamento, de hecho, podría disolverlo si la Convención lo apoya, porque podría establecer un Congreso unicameral, podría establecer una forma de gobierno distinta y para eso no requiere del parlamento, sino que solo a la Convención.
La sinergia que ahí se puede dar puede transformar a Chile en un país distinto, con una lógica política distinta, con un diseño político-administrativo diferente al que conocemos. Cuando se habla de autonomía se habla de cambiar la forma de gobierno local, en la región de La Araucanía tenemos 32 comunas, de las cuales pueden desaparecer algunas si es que se establecen propuestas para territorios autonómicos y los diputados electos pueden ser irrelevantes en este nuevo diseño.
En la Convención también se está planteando consagrar el derecho a recuperar tierras lo que también puede cambiar muchísimo el escenario regional. Lo que se señala es “todos los tratados celebrados con Chile o con sus antecesores, se deben reconocer, aplicar y observar”, entonces se habla de hacer revivir los tratados celebrados con Chile y con España, los que establecen el límite territorial en el río Biobío, por lo tanto, esa propuesta si logra concretarse, establecería un territorio autonómico desde Biobío al sur. 
No lo ve como algo positivo, pensando en la búsqueda de reconocimiento y autonomía del mundo mapuche en toda su diversidad
Siendo honesto, es fantástico, es todo lo que se ha anhelado por siglos. De hecho, nos debiéramos quedar muy tranquilos en nuestras casas esperando todo ese amplio espectro de promesas que se pueden cumplir no en cinco años, sino que en seis meses, Pero ¿cuál sería la lógica nuestra? que a pesar de que es un avance significativo, lo vemos como si Chile fuera un gran barco donde por mucho tiempo los pueblos indígenas estuvieron relegados a las calderas, invisibles, y hoy pasan de las calderas a comandar este barco, en el puesto de mando al lado del Capitán y si el barco se hunde, nos hundimos todos, los que están en las calderas y los que están en la cubierta. 
Plantear iniciativas tan radicales efectivamente puede llevar a Chile a un escenario catastrófico en lo económico. Porque cuando hablas solamente del derecho a recuperar tierras, pero en un sentido holístico, involucras los recursos del subsuelo, los hídricos, los derechos de agua, los espacios marinos y la gran minería del norte. Recordemos que existe un artículo transitorio del documento base de la Convención que establece en dos años poner fin a las concesiones mineras, para satisfacer la demanda territorial y generar una comisión especial para solucionar el tema de la demanda territorial.
Pasas de una situación de desarrollo económico a una situación donde se consagren los derechos cósmicos, pero con una necesidad brutal de satisfacer necesidades básicas.

¿Cómo ve al mundo forestal en estos cambios?

Las forestales son un actor relevante, pero las iniciativas que se discuten en la Convención pueden dejar al rubro forestal en el suelo, así de simple. El solo hecho de consagrar el derecho a recuperar tierras deja a las forestales fuera de toda situación posible de incidencia en lo económico, porque son terrenos que se expropiarían o se nacionalizarían, sin capacidad de decisión. 
Yo el escenario lo veo complejo, no solo para el mundo forestal, sino para la inversión pesquera, la inversión minera, etc. porque otro de los derechos que se pretende incorporar en la Constitución es que toda persona, grupo, comunidad, nación o pueblo, pudiese en virtud del derecho de la naturaleza, accionar legalmente y frenar o impedir el desarrollo de una inversión. Se habla de una consulta vinculante obligatoria, o sea, no solamente debe sortear este derecho, sino que también un proceso de consulta vinculante. Están pretendiendo modificar todo el sistema de evaluación ambiental y frente a eso, la inversión no se hará presente en el país.
Hay una especie de ánimo revanchista no solamente por el siglo de negación, sino por tres décadas de pactos no cumplidos, puede haber voluntad de diálogo, pero antes debe haber confianza y ésta no existe.

Conozco la experiencia, la intención y buena voluntad del Centro Nansen pero es un proceso a largo plazo, de por lo menos diez años de trabajar una metodología y socializarla, pero los cambios pueden ocurrir en seis meses, es el escenario pensado y soñado por muchos. Estamos hablando de política, donde primero se tiene el poder y después se conversa.
Está el escenario virtuoso del diálogo, pero no hay que ser ingenuos y ver la realidad. Al día de hoy hay una Convención Constitucional, que tiene todos los poderes para poder cambiar todo el sistema y tienes un presidente electo que apoya la Convención, ambos tienen todas las facultades, atribuciones y el poder que se te ocurra para diseñar un nuevo Chile.