Editorial

Luego de ocho años de dos gobiernos de distintos signos -uno de centro izquierda y otro de centro derecha- hemos entendido que, de uno y otro lado, no se quiere enfrentar ni asumir el costo político de trabajar para terminar con la violencia terrorista que sufren las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Desde nuestra continua preocupación por lo que sigue ocurriendo, desde nuestro cansancio, desamparo y abandono por tanto tiempo sin respuestas de un Estado indolente nos preguntamos ¿Es tan difícil sentarse a conversar y a dialogar entre todos los actores, autoridades, comunidades locales, gremios y todas las personas relacionadas con estos territorios? ¿Le conviene al país seguir con esta escasa intención de cambiar las cosas, mientras aumenta la violencia, los asesinatos, las usurpaciones bajo amenaza armada, dejando todo el ámbito de acción disponible a la delincuencia, al tráfico de marihuana y drogas y uso de armas de gran calibre? Lo cierto y la conclusión que nos dejan estos ocho años, es que hemos sido gobernados por autoridades incapaces e irresponsables, que no ven más allá de sus intereses sin importarles lo que pasa en el sur del país. 

Cuesta entender que el Estado no tenga herramientas que pueda utilizar, ni que los tres poderes que lo conforman -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- defiendan el bien mayor para todos los chilenos, el crecimiento, el desarrollo de un país y el bienestar de sus habitantes y que sigan atados a sus conveniencias e intereses mezquinos.

El aumento de la violencia ha llevado a que en este último tiempo se afecte la vida y la seguridad de los trabajadores forestales y no sólo se destruyan equipos de trabajo. Durante este año 2022 debemos lamentar el asesinato de tres trabajadores forestales: César Millahual el 18 de enero en Cañete, Benjamín Bustos y Alejandro Carrasco el 20 de febrero en Carahue.

Este aumento de la violencia armada también se evidencia de manera muy fuerte en estos últimos ocho años: el 73% de los 340 atentados ocurridos a trabajadores y contratistas forestales en el período 2014 y 2022, es decir, 248 hechos violentos se produjeron en este período y el año pasado también alcanzamos el mes con la mayor cantidad de atentados: septiembre del 2021, con 11 ataques incendiarios.

Los ataques en la macrozona sur, conformada por las regiones del Biobío a Los Lagos, han producido una gran afectación al trabajo y a emprendimientos de 244 contratistas forestales. Una estimación numérica nos muestra que 24.000 trabajadores forestales y sus familias han recibido el impacto de la violencia de grupos de delincuentes y asociaciones ilícitas, que transitan libremente por estas regiones. Hay miedo a salir a trabajar y miedo a trabajar en el bosque, esa es la razón del porqué hoy muchas empresas ya no realizan faenas forestales ni transitan por ciertos caminos de algunas zonas, que están capturadas y aisladas por grupos de delincuentes.

Al sector forestal se le ha declarado la guerra por parte de organizaciones concertadas para infringir miedo y en esa lógica se han destruido en cuatro años 917 equipos forestales de trabajo y camiones forestales y las zonas en conflicto se han ampliado a 49 comunas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, es decir, un 46% de ese territorio, 35 comunas más de las que eran afectadas hasta 2018. 

Los hechos y las cifras son indesmentibles, en las regiones del sur del país no hay Estado de Derecho, las instituciones no funcionan y sus habitantes deben seguir soportando la acción violenta de grupos terroristas que no tienen ningún contrapeso ni control del Estado. Ya comenzó un nuevo ciclo político. Los contratistas forestales esperamos que el nuevo gobierno desarrolle un plan diferente que surja de los territorios y de sus actores locales. Esperamos que tenga el coraje y la valentía para buscar el camino del diálogo, detener la delincuencia política organizada y traer nuevamente la paz y el trabajo seguro a esas regiones que tanto lo anhelan.