Editorial

No son halagüeñas las expectativas y proyecciones para un sector que ha tenido históricamente un importante aporte a la economía del país de entre un 2% a un 3 % del PIB. Este año 2023, se proyecta una reducción de las exportaciones, lo que inevitablemente golpeará en cadena a los contratistas forestales, a las pymes madereras y también a las economías locales y, a todos aquellos actores relacionados como las barracas, el taxista, el mueblista y la Sra.  que vende tortillas con mariscos en Laraquete.

Todo proyecto de forestación tiene una duración de al menos 15 a 20 años con especies introducidas y con especies nativas podemos llegar a un horizonte de 60 y hasta de 100 años.  El proyecto de inversión forestal requiere una mirada de largo plazo, por lo tanto, todo lo que dejemos de hacer hoy, nos faltará en 15 años más o en su defecto en 60 años.

Desde hace más de 10 años que en el sector no hay iniciativas legales aprobadas cuyo objetivo sea corregir, mejorar e incentivar y fomentar la actividad forestal, para que estas sean el soporte y respalden la instalación de nuevos proyectos forestales o industrias que promuevan el uso de la madera y los productos derivados del bosque.

La falta de incentivos a la forestación ha provocado un descenso en las tasas de forestación desde un promedio de 35.000 a 40.000 hectáreas /año hasta el año 2012, a un promedio de 2.180 hectáreas /año en los últimos 10 años (Conaf, 2022).

Si analizamos el caso del bosque nativo, con un recurso disponible de 4 millones de hectáreas potenciales para uso comercial, la ley N° 20.283 promulgada el año 2008, buscaba proteger y recuperar las especies nativas de los bosques naturales factibles de manejar comercialmente. ¿Cuál ha sido el resultado?, en los últimos 11 años esta ley ha subsidiado el manejo de 4.214 hectáreas año promedio (Conaf, 2022) con un insuficiente valor del subsidio ($ / hectárea) y también con muchos problemas administrativos y de control.   
Los instrumentos legales que no son reformulados tienen el efecto contrario para lo cual fueron concebidos y, siendo el manejo sustentable de estos bosques naturales y de las plantaciones forestales una muy buena herramienta social para llevar bienestar y mejorar las condiciones de vida de miles de pequeños propietarios de sectores rurales, el Estado se ha quedado atrás, inmóvil, viendo cómo pasan los años sin que se reactive el sector más verde de nuestra economía.

Es tiempo que el   Estado, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal, comiencen a poner en marcha la Política Forestal definida para el período 2015 - 2035 convenida entre gremios, academia y gobierno, que tiene como objetivo desarrollar un modelo forestal dinámico, inclusivo, ambiental, local y social. Lo cierto es que desde su publicación en el diario oficial el 26 de abril del 2017, la política forestal no muestra avances relevantes y su promulgación no ha sido un real aporte al sector. 

Nuestra institucionalidad forestal debe adoptar la frase de una certificadora del manejo responsable de bosques del mundo: “Bosques para todos para siempre“. Es decir, no debemos legislar para ponerle candado a nuestros bosques naturales y eliminar los incentivos para forestar y/o reforestar limitando el   establecimiento de plantaciones de lento y rápido crecimiento, por el contrario, debemos legislar para manejar con criterio de sostenibilidad ambiental, social y económica nuestros recursos naturales, para que en el futuro sean utilizadas por las nuevas generaciones. 

Si al estancamiento en políticas públicas en el sector forestal de parte del estado, le agregamos algunas variables exógenas como la violencia terrorista, que a los contratistas forestales nos tiene arrinconados y, le sumamos la intencionalidad en los incendios de vegetación, podemos concluir que desde las regiones de Maule al sur la industria forestal tiene un INCIERTO FUTURO.