Editorial

No ha sido un año de muchos avances para el sector forestal el año 2023 

Las 400.000 hectáreas quemadas a comienzos de año, que al día de hoy gran parte de ellas permanecen en pie y son un enorme riesgo para nuevos incendios, es otra muestra de que el gobierno carece de iniciativa para buscar una real salida a la condición producida: ¿Cómo recuperamos el recurso forestal destruido y avanzamos hacia  una nueva mirada del sector, moderna  y sustentable y que considere a todos los actores? 

Institucionalmente podemos ver el lento avance del proyecto de ley que crea el  Servicio Nacional Forestal (Sernafor). Por otro lado, recién se instala en la discusión  el  proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales de la zona de interfaz urbano–rural, pero de manera sesgada enfocada principalmente en los bosques plantados de pequeños, medianos y grandes propietarios. No incluye los bosques nativos cercanos a pueblos y ciudades y, por lo tanto, no reconoce el efecto de otros tipos de vegetación como agentes de propagación de incendios. Tampoco habla de la intencionalidad, concepto que se instala durante la temporada 2022 a 2023 y  que requiere una nueva mirada de esta ley. 

Para qué hablar de alguna propuesta de subsidio a la forestación  y/o reforestación.

Eso sí, existe en nuestras autoridades una gran capacidad para ser audaces y creativos para ralentizar y desfigurar el actual modelo de desarrollo forestal del país, tal como quedó reflejado en la Ley Marco del cambio climático, la ley  N° 21.455, en la que dejan establecido que los monocultivos no son refugios climáticos y, por lo tanto, por ley no pueden retener CO2 (Párrafo III letra p).
Donde podemos contar avances  este año, es en la mayor preocupación del gobierno hacia la violencia terrorista instalada en la macrozona sur, reflejada en los buenos  resultado de  la Ley de Robo de Maderas, la renovación de más de 36 estados de excepción en las regiones  de Biobío y La Araucanía (540 días), el apoyo logístico en tecnología y equipos a las policías, la entrega de mayores recursos a las Fiscalías Regionales y la detención de terroristas líderes de grupos subversivos. Estas nuevas medidas han ayudado a que la violencia hacia los contratistas forestales haya disminuido un 63% entre el año 2022 y el 2023, desde 104 atentados el 2022 a 38 este año.

La reciente promulgación de la ley  N° 21.633 de usurpación, también es un gran apoyo a nuestra actividad, ya que califica esta acción como delito, lo penaliza y elimina la flagrancia de 12 horas por flagrancia permanente.

Estos avances en seguridad pública nos hacen ver con mayor optimismo los que se nos  viene en  nuestro trabajo en las regiones del sur del país. A estas alturas es imperativo aplicar la ley, el estado de derecho y retomar la normalidad perdida desde hace más de 10 años en los territorios del sur del país, para llevar trabajo y desarrollo a esos lugares hoy capturados por grupos delictuales. 

Pero no somos optimistas de cómo el gobierno está buscando modelar el sector forestal, excluyendo actores y estigmatizando  los bosques plantados. Las 2.000.000 hectáreas de terrenos erosionados  que hay disponibles en el país y que esperan ser forestados, permiten que puedan convivir distintos modelos de desarrollo forestal, es decir, plantaciones productivas, de recuperación de cuencas, de protección, para refugio de fauna, para actividades silvopastorales  y  de paisaje. Hay espacio para todos.

Los contratistas forestales esperamos que nuestras autoridades tengan grandeza legislativa y una visión sin sesgos, porque no estamos disponibles para echar por tierra un sector verde, renovable y probadamente sustentable, por el gusto ideológico de algunos. No nos podemos farrear la oportunidad que tiene el sector forestal, ya que de él dependen directa o indirectamente 300.000 chilenos más sus familias.