Opinión

¿Hay que cambiar el modelo forestal porque se quema, o se quema porque hay quienes desean cambiarlo? Esta interrogante podría resumir hacia dónde ha derivado el debate público respecto al fenómeno de los incendios forestales en Chile.

En otras palabras, la pregunta apunta a dilucidar si la industria forestal es víctima de los incendios, hipótesis sostenida por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y por los propietarios de terrenos forestales; o bien es la responsable de los siniestros, como señaló enfáticamente la alcaldesa de Santa Juana y deslizó indirectamente el presidente Boric y otros actores.

Para intentar responder esta interrogante habría que repasar los distintos argumentos expuestos en los medios de comunicación por todos quienes se pronunciaron sobre el fenómeno de los incendios forestales. Sin embargo, la tarea no es fácil, aun si aplicamos el necesario filtro para descartar las afirmaciones carentes de toda racionalidad, principalmente aquellas que sólo buscan atacar y denostar utilizando las redes sociales como plataforma, todavía nos quedaremos con un conjunto contrastante de opiniones y teorías explicativas.

El primer discurso en aparecer es el que responsabiliza de los incendios a la actividad forestal basada en monocultivos de especies introducidas, el famoso “modelo forestal”. Las críticas apuntan a la formación vegetal como un todo (extensión y homogeneidad de los monocultivos), o bien a las especies de manera individual, atribuyéndoles características que facilitarían los incendios. Nos referimos al concepto de especies “pirófitas”, que erradamente busca instalar idea de que los árboles desarrollan atributos evolutivos para quemarse. No existe tal cosa.

Para esta interpretación del fenómeno se plantea como solución la adopción de “paisajes más resilientes”, “ordenamiento territorial”, “más regulación forestal” o “cambiar el modelo forestal”. Desde el presidente hasta sus ministros el discurso oficial ha acogido parcialmente estos conceptos. Esteban Valenzuela de la cartera de agricultura apunta a “un nuevo pacto con la industria forestal” y avanzar hacia “un modelo agroforestal” del que, por supuesto, no entrega detalles. Mientras que Maisa Rojas, de la cartera de medio ambiente, indica que “debemos generar paisajes más resilientes, independiente de cuál sea la causa de la ocurrencia de los incendios”. Estas afirmaciones de las autoridades sólo parecen generar más dudas que certezas a los actores involucrados, especialmente a quienes se han visto afectados. 

A esa mirada y al discurso de las autoridades, se le contrapone el discurso de los actores que enfatizan las causas de la ocurrencia de incendios como aspecto fundamental a abordar. Esta mirada ha resultado especialmente importante en los incendios de esta temporada, llegando a tomarse por completo la agenda noticiosa. En las últimas semanas fuimos testigos de un álgido debate para consensuar cifras de intencionalidad (25%, 40% o 100% en determinadas comunas según el gobernador de La Araucanía). Incluso quienes históricamente han omitido de su análisis la ocurrencia intencional como un factor relevante del análisis debieron reformular su discurso, incorporando la intencionalidad, aunque siempre de manera secundaria a la urgencia por refundar la actividad forestal “en los territorios”.

La diferencia de miradas no es trivial, ya que la incapacidad de construir un análisis integral del fenómeno hipotecará seriamente las posibilidades de llegar a una solución viable en el mediano plazo. Esto ya es posible observarlo en la propuesta de Ley Marco de Incendios Forestales que se presentó de manera resumida en el Consejo de Política Forestal los primeros días de marzo. En dicho proyecto se plantean nuevas regulaciones a los propietarios forestales (es decir, a las víctimas), lo que en principio parece inconsistente. Este enfoque termina siendo derechamente inviable cuando se observa que esas regulaciones incluyen la obligación de construir (y mantener) cortafuegos de 300 metros de ancho. Cuesta tener confianza en quienes ante la emergencia aparecen con este nivel de soluciones. ¿Qué debe pensar de esta propuesta un propietario de, por ejemplo, nueve hectáreas de plantaciones (300x300 metros)? ¿Debemos explicarles a los técnicos que plantearon esta regulación lo que ocurriría con este propietario? O pensemos en un propietario de 25 hectáreas (500x500 metros). ¿Cuánta superficie se le “expropia legalmente”? Insólito.

Entre los incendios de 2017 y 2023, se han perdido más de 200 mil hectáreas del patrimonio forestal en manos de pequeños y medianos propietarios, esto constituye aproximadamente el 30% de las plantaciones que posee este segmento. Frente a esta realidad el programa de recuperación de bosques quemados de CONAF respondió con 12.000 hectáreas reforestadas en cinco años (2017-2022). 

Es a este segmento al que ahora se le quiere atribuir la responsabilidad del daño producido por delincuentes que no sólo no son identificados ni encarcelados, sino que tampoco poseen un tratamiento especial en la futura ley. El aumento de sanciones no desincentivará a quienes quieren ver arder el actual modelo forestal y están dispuestos a destruir poblados y terminar con la actividad productiva y las vidas de quienes pertenecen a comunas rurales.  La combinación de incendios intencionales planificados, la ausencia de anticipación de la autoridad y la generación de nuevas regulaciones altamente gravosas a las víctimas, seguramente en el corto plazo terminará con el modelo forestal, pero no el de la gran industria, sino el de la mediana y pequeña propiedad forestal y de las pymes que se abastecían de una materia prima que desaparece a gran velocidad ante la inacción de la autoridad y la alegría de quienes quieren ver desaparecer el modelo forestal.