Opinión

Aunque las llamas que azotaron el sur de Chile durante este verano han ido cediendo, las consecuencias de estos siniestros serán mucho más duraderas: muertes, pérdidas de hogares y un gran perjuicio económico para el país. Sin embargo, pareciese que una vez extinto el fuego, todo eso queda en el olvido, como un mal sueño que revive cada verano. Entonces, la interrogante que surge es: ¿Chile está haciendo lo suficiente para prevenir y combatir los incendios forestales? 

En primer lugar, existe un cierto consenso respecto a la causa de los incendios: se trata de origen humano. Por mucho tiempo creímos que se trataba de negligencias, gente que por descuido o desidia provocaban accidentes que devenían en incendios. Pero lo cierto es que cada vez existe mayor evidencia sobre una intencionalidad detrás de los incendios. Tomando esto en consideración, la persecución penal de estos delitos no ha estado a la altura. Aunque el delito de incendio tiene penas altas, existen muy pocos condenados, pues los jueces exigen un estándar de prueba imposible de alcanzar considerando las circunstancias en que se realizan estos delitos y los lugares donde comienzan (por lo general, zonas rurales con poco tránsito de personas).

La respuesta política tampoco ha sido suficiente. Si bien la ayuda a los damnificados y la reconstrucción es un aspecto esencial de la crisis, también lo es garantizar la seguridad de la población. Una estéril discusión sobre las cifras de intencionalidad quitó el foco de lo esencial: propuestas para robustecer la labor de policías y fiscales en la persecución de este delito, además de un trabajo de inteligencia serio que permita desentrañar los reales intereses detrás de los siniestros. Esto último resulta particularmente importante, pues resulta impresentable que autoridades políticas hagan eco de teorías conspirativas relativas al supuesto interés de las empresas forestales por causar incendios. Esto atenta contra la inteligencia de las personas y pone la responsabilidad en una de las principales víctimas de esta desgracia, como es la industria forestal.

En definitiva, sabemos que resulta imposible reducir a cero la posibilidad que existan incendios forestales durante la temporada estival. Sin embargo, esto no puede ser excusa para que las autoridades se mantengan pasivas frente al fenómeno. Desde ya se debería comenzar a elaborar un plan junto a los actores civiles involucrados que contenga medidas de prevención, reparación y persecución del delito. Si se sigue la tónica de años anteriores y una vez superada la crisis los incendios pasan al olvido, solo nos quedará esperar otro verano para que el infierno se vuelva a desatar en nuestro país.