Reportajes

Siempre se dice que después de las tragedias se deben sacar lecciones y eso es lo que hoy plantea el mundo forestal, además de analizar las consecuencias que dejaron los incendios en una parte importante de la zona centro sur de Chile.

Mario Hermosilla, vicepresidente de la Sociedad Nacional Forestal (SNF), partió con recalcar que el de este año fue el segundo mega incendio ocurrido en la historia. El anterior afectó 580.000 hectáreas y este ya llegaba casi a las 450.000. “Esto nunca había ocurrido en Chile, puesto que multiplican por 10 lo que ocurre en un año normal. Es muy dañino lo que sucedió, porque literalmente hace humo una buena parte de las plantaciones.  Se afectaron 240.000 hectáreas de plantaciones y de esas al menos 150.000 son de pequeños y medianos propietarios”, detalló. Incluso hizo ver que 20.000 hectáreas equivalen a US$100 millones por lo que el daño real a las plantaciones supera los US$ 1.200 millones.

Aparte, sumó que los suelos muy arcillosos se calcinan, se quema toda la capa orgánica causando un daño ambiental inmenso. A ello, sostuvo, se libera una alta cantidad de carbono, porque el suelo acumula el 60% del carbono que capturan los bosques. El 40% proviene de los árboles, pero del 60% está en el suelo.

Identificar el problema
Por ende, dado este escenario tan complejo, Hermosilla afirmó que primero hay que identificar el problema de fondo, remarcando que el primer mega incendio de 2017 fue fundamentalmente originado por negligencias, ayudado por gente muy mal intencionada que quemó de manera artera los bosques. “Ese trabajo de mala intención causó que el incendio escalara más allá de las capacidades de combate de que tenían las empresas y la Conaf ese año, pero fundamentalmente fueron descuidos, como cortes de cables de energía eléctrica o una persona que no tomó las medidas del caso cuando quiso controlar con humo a las abejas”, entre muchas otras causas planteó.

Pero dentro de todo esto, lo que se logró fue una coordinación entre las empresas forestales y la Conaf, algo que calificó como muy relevante, pues además se consensuó que quien llegara primero al incendio, tratara de apegarlo, algo que para los pequeños propietarios fue de gran ayuda, ya que antes eso no se hacía.

A ello se sumó que las empresas en conjunto con el Estado más que duplicaron los recursos para las temporadas siguientes. Si antes se invertían unos US$90 millones, hoy son US$220 millones. También se optimizó el combate aéreo con aeronaves de mayor capacidad de agua.

“Esas fueron las consecuencias del 2017 y ahora, en 2023, se presentó un segundo mega incendio, que el 80% del daño fue causado por mala intención. Hay gente que fue a quemar en forma profesional, que se organizó, vio donde les convenía generar el mayor daño, analizó la temperatura que se registraría y los pronósticos del tiempo, para luego actuar impunemente y así lo hicieron con las consecuencias que todos ya vimos”, expuso.

Trabajo legislativo
Por lo tanto, cree que el diagnóstico es muy importante, ya que se debe plantear una solución en cuanto a perseguir a esta gente y el único que lo puede hacer es el Gobierno de Chile y el Estado. “Hay un trabajo que deben hacer los legisladores para aprobar penas aflictivas que el sistema judicial aplique a fin de que esta gente escarmiente, que en el fondo tenga miedo antes de decidir cometer un delito”, estableció. Y igualmente importante será el que el estado cree una fuerza especializada que actúe en la temporada para documentar el accionar de los mal intencionados y poner estas pruebas a disposición de la justicia. Nos tendremos que acostumbrar a pasar el verano con estados de emergencia y de excepción, muy necesarios por lo demás, ya que cuando se decretó el estado de excepción ya se había quemado el 88% de la superficie por lo que es necesario que el gobierno actúe más rápido.

Fue tal la magnitud de este incendio que, según Hermosilla, decenas de miles de hectáreas quedarán abandonadas, como ocurrió en 2017 entre las regiones del Maule y la del Biobío, algo que podría repetirse si no se logra intervenir los bosques quemados para lograr una adecuada regeneración o reforestación.

Con este panorama proyectó que la leña bajará de precio al igual que la madera para la construcción, porque los aserraderos van a tener una gran oferta.

Temporada larga
Juan José Ugarte, presidente de la Corma, agregó que primero conviene reforzar el concepto de que “vamos a tener una temporada incendio todavía larga. Nosotros estimamos que en abril las condiciones para la propagación de los incendios van a ser severas. Por lo tanto, no hay que desmovilizar los recursos y mantener los estados de excepción y seguir con los patrullajes camineros, pues son elementos esenciales para que esta catástrofe no se siga expandiendo. 

Aparte, indicó que quedó claro para todo el mundo que en Chile los incendios no son un desastre natural. Particularmente esta temporada puedo aseverar de que, para las regiones de la macro zona, el 100% de los siniestros han sido por causa humana. Por ende, aunque para algunos resulte incómodo, los incendios son un tema de seguridad. 

“Las cifras que entregan brigadistas especializados, tanto públicos como privados, hablan de un 66% de intencionalidad en la Región del Biobío, comunas que superan largamente el 80% de incendio intencional. Es así que lo primero para la temporada presente y para poder desarrollar una estrategia eficaz a futuro y hacernos cargo del banquillo que esto no es natural, es de origen humano y con una altísima componente de intencionalidad.

En ese contexto, Ugarte manifestó que es clave arribar a un diagnóstico en común, pues Chile se merece una explicación. Después del 2017, señaló que se había alcanzado un estándar de 60.000 hectáreas quemadas, pero este año se llegará a tener 8 veces esa superficie.

Esa así que el dirigente estimó que a partir de un diagnóstico compartido se debe definir una estrategia que tiene que ver con la prevención silvícola, en cuanto a si los bosques están preparados para los incendios; una de tipo comunitaria, acerca de una población educada para convivir con el bosque; y una legal, sobre si la capacidad está de investigar y luego sancionar a los responsables, tanto intencionales como negligencia inexcusable.
“Nosotros consideramos que prender fuego en un estado de excepción o de catástrofe, con las condiciones del clima extremo, es la misma gravedad que conducir en estado de ebriedad. Y no puede ser una sanción leve o una amonestación, en que las personas salgan en total libertad después de haber tenido una conducta negligente, inexcusable, provocando un incendio que incluso puede haber cobrado vidas humanas”, subrayó.

Al respecto, Juan José Ugarte destacó que el gobierno haya escuchado los planteamientos, recordando que la sanción por incendio intencional hoy día ya ha elevado mucho el estándar. Son 20 años de presidio para quien es sorprendido en flagrancia, causando un incendio, es decir, es una pena gravísima, pero el problema es que no se llega a los responsables.

Comentó que las empresas forestales han presentado 731 denuncias y querellas, aportando todos los antecedentes para poder llegar de manera definitiva a los responsables detrás de estas acciones.