Opinión

El 12 de julio el Diario Oficial publicó el Decreto Nº 14 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que crea la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Su propósito será asesorar al Presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, levantando información y propiciando un proceso de diálogo entre los principales actores de estos territorios. 

Esta es la cuarta comisión que se genera para enfrentar la demanda histórica de tierras. Antes estuvieron la de Verdad Histórica y Nuevo Trato durante el gobierno de Ricardo Lagos, luego vino la que lideró monseñor Héctor Vargas en la segunda administración de Michelle Bachelet, que generó unas recomendaciones, y la del Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, liderada por el ex ministro Alfredo Moreno en el gobierno de Sebastián Piñera dos.

Al respecto Richard Caifal, abogado de la Universidad Mayor de Temuco, ex gobernador de la Provincia de Cautín, actual director ejecutivo de la Fundación Rakizuam, centro de estudios indígenas, explicó el escenario que se podría venir, destacando también los orígenes de este tema.

Quien también fue parte de la comisión presidencial liderada por el obispo Héctor Vargas, que tuvo como objetivo desarrollar una hoja de ruta para abordar y dar solución a las principales problemáticas de la zona, recogiendo la visión de todos los sectores involucrados, recordó que esto tiene sus raíces en el año 1860, con lo que se conoce como la Pacificación de la Araucanía. “Básicamente hay una ocupación del territorio y previo a eso se consigna por los historiadores el Tratado de Tapihue de 1825, que establecía la frontera del río Biobío y cuando se da la ocupación del año 60 se produce un enfrentamiento militar y el Estado procede a entregar tierras a colonos extranjeros, a nacionales y también los conocidos títulos de merced a un grupo de personas lideradas por un lonco. Este proceso termina en el año 1930”. 

Luego han surgido diversas legislaciones y en el año 1980, el régimen militar dictó el decreto Ley 2.568, que entrega a título individual a las personas que cultivaban, trabajaban y vivían en esos previos. Posteriormente en el año 1993, en la Ley Indígena se crea un articulado muy particular, que posibilita o habilita la compra de tierras, que además se hace en comunidad, situación que es contraria a la realidad, porque existían títulos individuales. 

Sobre el escenario que se produce con esta comisión, Caifal dijo que en cierto punto se genera un problema mayúsculo, porque plantea catastrar las tierras mapuches. Primero excluimos a los otros 9 pueblos, por lo que este grupo de trabajo es más acotado, a diferencia de los anteriores, lo que significa que el problema sigue latente, porque al hablar de tierras ancestrales, implica que son las del río Biobío al sur. El Tratado de Tapihue, que era comercial y militar, decía que el territorio mapuche comienza en el río hacia el sur, o sea, se hablaba de tierras que han tenido un uso inmemorial y lo mismo planteó la ex Convención Constitucional, cuando hablaba de las tierras ancestrales y la Machi Linconao fue más allá, porque estaba reivindicando también la Región Metropolitana.

Agregó que un estudio que se entregó el 21 de junio en La Moneda, las universidades proponen crear un Tribunal de Títulos Nativos, que es algo muy similar a lo que se hizo en Nueva Zelanda, que se denomina Tribunal de Waitangi, que es de 1975, para dar respuesta a la reivindicación. Pero acá es distinto, porque también hay que consignar que la mayoría del pueblo mapuche no reside en la Araucanía, sino que en la Región Metropolitana. Entonces tenemos dos situaciones que no son similares a Nueva Zelanda y debemos hacernos cargo. Por eso hemos planteado que es necesario modificar la ley indígena, porque la tierra no puede ser la única respuesta. Hay miles de familias que a lo mejor desean invertir ese mismo dinero en educación, en formación, en emprendimiento, casa habitación, departamento, etcétera. Y, además, porque la tierra es finita.   

El abogado hizo, ver, además, que hay que hay que decirlo:  lo que se intenta hacer es una especie de reciclado de la propuesta de la Convención Constitucional, blanquearla, en cierta medida. Por lo tanto, se va a hablar de tierras, se va a hablar de participación política eventualmente. Hay una frase que habla de justicia, pero la acomodaron, pero se debe recordar que es una discusión que la ciudadanía ha rechazado. Pero más allá de mi visión o mi percepción, no es el único punto sensible. 

Otro punto que resaltó es que el terrorismo es un gran problema. Puede que la legislación no sea la idónea, pero ese otro tema. Acá hay terrorismo y eso hay que decirlo, y eso es uno de los factores que va a complicar a esta comisión. Napoleón tenía una frase: si no quieres solucionar algo, crea una comisión. La Comisión, finalmente, lo que va a hacer es una recomendación, va a dar una orientación, una sugerencia, pero donde se resuelve esto es en el Parlamento, previa consulta indígena. Por lo tanto, este tema no va a quedar resuelto en este Gobierno, porque se podría modificar la Ley Indígena, pero hay que hacer la consulta y después tienes que llevarlo al Parlamento. Ahí pueden pasar prácticamente 5 años dando vueltas en una solución.