Editorial

Desde el año 2014 que los contratistas forestales venimos sufriendo violencia terrorista de grupos armados y asociaciones ilícitas en cuatro regiones del sur del país, de Biobío a Los Lagos, la denominada macrozona sur. 
La dimensión de esta afectación que tiene caracteres de tragedia para nuestro sector nos muestra que, de cinco atentados sufridos en el año 2014, llegamos a ser víctimas de 89 ataques incendiarios y violentos en el 2021 y para este año proyectamos 110 ataques.
El cuadro completo desde el 1 de enero del 2014 al 30 de septiembre de 2022 es el siguiente: 409 atentados, 1.473 equipos móviles y camiones forestales destruidos, cuatro trabajadores asesinados, 50 trabajadores heridos, 38.000 mil trabajadores y sus familias agredidos física y sicológicamente una o más veces, 50 comunas sin paz de las 107 que conforman las cuatro regiones y pérdidas patrimoniales que se elevan por sobre los 167 mil millones de pesos.
Hemos llegado a la convicción de que, al igual que a las otras víctimas de esta violencia, como son los trabajadores agrícolas, agricultores, habitantes de estos territorios, pueblos y ciudades enteras, camioneros y policías, el Estado tomó la decisión de abandonarnos a nuestra suerte. El Estado, sus autoridades, parlamentarios, jueces, fiscales y policías, se han hecho a un lado, se transformó en un Estado inoperante, cobarde, irresoluto, tímido, inocente, débil e irresponsable, que no ha sido capaz de defender a los ciudadanos que buscan vivir, trabajar y producir para ese mismo Estado y contribuir con sus servicios e impuestos a mejorar las condiciones de toda la población del país. Un Estado que eligió el camino fácil y cómodo, mirar de reojo y dejar que los hechos ocurran, sin actuar o actuando de manera negligente. Un Estado que, hasta el día de hoy, no logra entender que el mal que ha dejado avanzar sin control y de manera lenta pero sostenida, significará que pase mucho tiempo para que la condición de relativa tranquilidad que teníamos hace 10 o 15 años  retorne a los territorios afectados.
Como gremio creemos que llegó el tiempo de que ese Estado responda por lo que no supo o no quiso hacer y se haga responsable de los perjuicios ocasionados. El Estado incumplió su obligación constitucional y legal de garantizar el Orden Público y la Seguridad Interna.
El 14 de septiembre del 2022 en el 2° Juzgado Civil de Concepción, hemos presentado una demanda por falta de servicios en contra del fisco, que se funda en el inciso 4° del artículo 1° de la Constitución, que dispone que el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales. Es deber del Estado dar protección a la población.
Esta demanda busca que el Fisco sea condenado a pagar a los demandantes el total de los daños, perjuicios patrimoniales ─daño emergente y lucro cesante─ y morales causadas por la falta de servicio en el período transcurrido desde el año 2018 en adelante.
El 5 de octubre el 2° Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda presentada, fue declarada admisible y hoy está instalada en Santiago de Chile.
El Estado de Chile tiene una deuda con los contratistas forestales.