Entrevistas

Conclusiones sobre el rol de las policías, del Ministerio Público, apoyo logístico y tecnológico necesario para una mejor fiscalización y el marco legislativo, entre otras recomendaciones, estableció la entidad del Congreso en torno al crimen organizado del robo de madera. 
Por solicitud de 64 Diputadas y Diputados, la Sala de la Cámara aprobó en julio de 2022, la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos y otros entes fiscalizadores, en relación con la prevención, fiscalización y protección de la seguridad y el orden público ante la criminalidad y los efectos del robo de madera en la macrozona sur durante los últimos cuatro años. 
El objetivo de la Comisión también instruía fiscalizar las acciones conjuntas de los organismos del Estado para prevenir la existencia de estos hechos, que según datos de la misma Comisión Parlamentaria es un crimen que involucra a más de 25 mil camiones que circulan anualmente con madera robada, causando la pérdida de 100 millones de dólares a la industria forestal y, como consecuencia, US$30 millones en impuestos que deja de recibir el fisco.
La Comisión recibió y escuchó a distintas organizaciones productivas, además del jefe de Carabineros general director Ricardo Yáñez, el director nacional de la PDI Sergio Muñoz y la fiscal regional del Biobío Marcela Cartagena, quien dirige las indagatorias del ilícito que se sospecha, financia la violencia rural de grupos criminales. 13 parlamentarios del Biobío, La Araucanía, Los Lagos Antofagasta y Metropolitana, representantes de diversos partidos políticos conformaron esta instancia política de investigación, la que fue presidida por el Demócrata Cristiano Erick Aedo, diputado de la región del Biobío, con quien analizamos los principales aportes y conclusiones de la Comisión Especial por el robo de madera.

¿Cuáles, a su juicio, fueron los aportes de la comisión investigadora?

Creo que un aporte muy importante de la Comisión del Robo de Madera que me tocó presidir fue poner en la agenda nacional un tema que solo era visibilizado en la región del Biobío y de La Araucanía. 
La Comisión logró dar cuenta de que el crimen organizado detrás de este robo de madera, de este narcoterrorismo como lo definimos en la comisión, no decía relación directa con las demandas de pueblos originarios, sino que más bien, que era utilizada como excusa, como una pantalla para una actividad ilegal que, lamentablemente, ha costado la vida a más de 50 chilenos y chilenas en los últimos años. Un negocio ilegal que afecta a más de 5.000 hectáreas al año de madera robada, principalmente de pino y eucaliptus y que, en términos concretos para graficar, significaba el equivalente a robar 500 Parques Ecuador por año, parque ubicado en la ciudad de Concepción. Este era un negocio ilegal de 100 millones de dólares con el que se financia la compra de armas de parte de estos grupos criminales.
Además, se dio cuenta de que detrás de este crimen organizado existen posibilidades de corrupción instalado al interior de los servicios públicos y del propio Estado chileno.
Lo otro que demostró, y este es el gran aporte de la Comisión, es lo que sucede cuando el Estado chileno se ausenta de un territorio. Comienza a prevalecer el uso de la fuerza, de la violencia y la ley del más fuerte, en desmedro de los ciudadanos comunes y corrientes. Una situación que al principio es resistida, pero logra permear las distintas capas de la sociedad, como lo demuestra este ilícito donde personas comunes y corrientes, no solo de origen mapuche, chilenos comunes y corrientes comienzan a participar de este proceso ilegal.

Sobre las recomendaciones realizadas por la Comisión, ¿cree que es posible puedan ser llevadas a cabo?

Hicimos varias recomendaciones y todas son absolutamente viables de poder implementar. Primero, sin duda, la necesidad de fiscalizar. Eso es muy viable en la medida en que el propio Servicio de Impuestos Internos estima que la pérdida para el Estado, por la evasión de impuestos de este negocio ilegal es cercana a los US$30 millones anuales. Si se destinase un porcentaje de esa pérdida que año a año tiene el Estado para hacer la fiscalización debida, se podría limitar este negocio ilegal y recuperar los fondos para Chile. Para eso se requiere la contratación de personal nuevo que fiscalice, como el SII en terreno que se realizó donde se identificaron 32 aserraderos clandestinos que fuimos capaces de ubicar como Comisión y sobre ellos ir con SII, Carabineros, la PDI y la propia Fiscalía.
Es viable también junto con la fiscalización, que a través de la modificación en la ley Orgánica Constitucional de la Fiscalía, podamos ampliar el número de fiscales especiales que trabajan y persiguen este crimen organizado, además de la necesidad de dotar de más herramientas al Servicio de Aduanas. No se descartó que parte de esa madera robada saliera por nuestros puertos. Obviamente hay que modernizar este servicio que depende del Ministerio de Hacienda y dotarlo de tecnología.
Otro elemento necesario de considerar es la rotación de Carabineros asignados en los territorios y de la misma fiscalía con el objetivo de evitar amenazas contra ellos y la corrupción en los servicios públicos. En esa misma línea, la necesidad de incorporar tecnología al seguimiento de este crimen organizado, sabiendo dónde fiscalizar y hacerlo en distintos horarios, lo que se debe apoyar con drones y tecnología satelital.
Otro de los aciertos de la Comisión que presidí fue la aprobación de la Ley de Robo de Madera, estamos a la espera del reglamento que regulará todo lo que dice relación con guías de despacho y facturas electrónicas que permitan hacer un seguimiento en el origen de la madera que se transa.
También fue importante y es una medida viable todo lo que dice relación con los sistemas de trazabilidad que las propias empresas forestales están generando, de la mano del Servicio de Impuestos Internos para saber el origen de la madera, lo que es vital para evitar que termine en el comercio legal, exportada o hecha celulosa y que las grandes empresas no compren ni utilicen madera robada. 
En otro marco legal, creo que es absolutamente viable y necesario la aprobación de la Ley de Usurpaciones que es el modelo que utilizan estos grupos violentos para apropiarse de terrenos y bosques para explotarlos y protegen esos terrenos usurpados con el uso de armas de fuego. 
Otra ley importante es la Ley de Inteligencia que está en el Senado en la que necesitamos avanzar para dotar al país y al Estado de Chile de un sistema de inteligencia de mucha más calidad, mucho más preciso, con capacidades de detección, de seguimiento, de intercepción telefónica y medios electrónicos lo que es absolutamente viable de hacer. 

Finalmente, y a modo personal, ¿qué significó para usted liderar esta comisión?

En lo personal significó poner en la agenda nacional un tema que lleva más de 20 años ocurriendo en la región del Biobío, en la provincia de Arauco y en La Araucanía. 
También mostrar que los parlamentarios cuando nos queremos jugar por temas que son importantes para la región y para el país, lo podemos hacer. Este es mi primer período como parlamentario y a cuatro meses de haber iniciado esta labor en marzo de 2022, me tocó poner este tema en la agenda pública y tener un amplio apoyo político para impulsar esta comisión investigadora. Se aprobó el informe que es contundente y que fue entregado a la Ministra del Interior. La promulgación finalmente de la ley que tipifica el robo de madera ha permitido el apresamiento de bandas organizadas detrás de este crimen.
Detrás de esta Comisión Investigadora se quiso el bienestar del país y el bien común, no había afán de persecución política y creo que los distintos actores políticos lo entendieron muy bien, por eso hubo mucha colaboración y decisión de encontrar una solución a este problema. Creo que logramos movilizar al Estado para que no se siguiera mirando al techo, haciéndose el ciego, el sordo y mudo frente a un crimen organizado que ha causado tanto daño.
Me siento satisfecho de haber abierto distintas conversaciones con el mundo empresarial, con las víctimas, con pequeños y medianos empresarios y con las comunidades que viven en los lugares donde lamentablemente esto se ejecuta. También contento y satisfecho de haber podido diferenciar lo que significan las legítimas reivindicaciones de los pueblos originarios de estos hechos que son criminales y de este negocio ilegal que mueve mucho dinero.

Los detalles de las conclusiones en cuanto al rol de las policías, del Ministerio Público, apoyo logístico y tecnológico para una mejor fiscalización, el marco legislativo, entre otras, en el siguiente link: 
https://www.acoforag.cl/noticias/2022/12/26/principales-conclusiones-de-la-comision-especial-de-investigacion-del-robo-de-madera-de-la-camara-de-diputados