Opinión

Rodrigo Ruiz Godoy, Abogado, Magister en Derecho Laboral, en Gestión Educacional y Responsabilidad Social Empresarial.  Especialista en Derecho Laboral y Previsional. Docente Universitario.

La Asociación Gremial de Contratistas Forestales A.G (ACOFORAG) ha realizado una presentación ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con el objetivo de obtener un pronunciamiento por parte del organismo internacional sobre la inseguridad y la violencia ejercida contra las empresas y los trabajadores forestales de la macrozona sur. 
La OIT es un organismo internacional cuyo objetivo fundamental es la promoción de normas y políticas que favorezcan el trabajo decente. Su composición es tripartita (empleadores, trabajadores y Estados miembros) y las decisiones alcanzadas en su interior se materializan en los denominados “convenios”, los cuales generan obligaciones para los Estados en caso de incumplimiento. En este caso, como ACOFORAG hemos comenzado un proceso de reclamación contra el Estado de Chile por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio 187 (2006) sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, el cual fue ratificado por Chile en el año 2011.
Planteamos que el Estado de Chile ha incumplido su deber de proteger a los trabajadores y empleadores forestales de los actos de violencia y terrorismo, por lo cual la ausencia de una política efectiva de protección ha conllevado a un aumento inaceptable de las lesiones y las muertes laborales vinculadas a atentados terroristas en distintas faenas productivas forestales. Aunque este procedimiento ante la OIT se encuentra aún en una etapa inicial, creemos necesario utilizar todas las herramientas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, para concientizar a las autoridades sobre la inseguridad que sufren los trabajadores forestales y exigirles acciones concisas para reestablecer el estado de derecho en la zona. 
Un pronunciamiento favorable de la OIT podría obligar al Estado de Chile a un compromiso serio y real tendiente a la creación de un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo forestal con enfoque en la prevención y eliminación del riesgo de atentados que afectan la vida, salud e integridad física y psíquica de trabajadores y contratistas forestales del país. 
Es probable que los organismos resolutivos de la OIT demoren un tiempo antes de pronunciarse sobre esta petición, pero es importante remarcar que los actores obligados por los convenios son los estados y no los gobiernos de turno. De esta forma, cualquier sea el signo político que eventualmente gobierne el país al momento de pronunciarse la sentencia, este tendrá que respetar y acatar el fallo que se dicte, so pena de sufrir responsabilidad internacional por incumplimiento.